Canciller José Valencia informó a Bolivia que Espín y Ochoa “no sufren persecución política”


Este viernes, 1 de febrero, el Canciller José Valencia, a través de su cuenta de Twitter informó que, ante las declaraciones de la Ministra del Interior, sobre la situación de la exasambleísta Sofía Espín y el extitular de la Superintendencia de Comunicación sobre un posible pedido de asilo en Bolivia, informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador ha informado a su similar de Bolivia que ambos ciudadanos son buscados por jueces, “acusados por delitos comunes” y por tanto no sufren persecución política.



La Ministra del Interior, María Paula Romo, en declaraciones a la prensa la noche de este jueves, 31 de enero, reveló que, la ex asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, y el exsuperintendente de Información y Comunicación (SUPERCOM) Carlos Ochoa, se encontraban en Bolivia pidiendo asilo. Ambos exfuncionarios se encuentran requeridos por la justicia.


“Tenemos información que tanto el señor Carlos Ochoa, como la señora Sofía Espín se encuentran en Bolivia y que estarían realizando gestiones para pedir asilo. Nosotros seguimos los trámites que corresponden para comunicarle al Estado boliviano que, en ambos casos, se trata de personas que son requeridas por la justicia”, manifestó Romo.


Sofía Espín se encuentra procesada por tráfico de influencias, debido a que ella y la abogada, Yadira Cárdena, visitaron en la cárcel a la ex agente Diana Falcón, quien era testigo protegido en el caso del secuestro del exlegislador Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012. Diana Falcón expresó que le ofrecieron asilo en Bélgica, siempre y cuando “se retractara de sus declaraciones en contra de Rafael Correa” el cual también es acusado por este delito.


Carlos Ochoa, por su parte, se encuentra fuera del país desde agosto del 2018. Un juez ordenó que se notifique a INTERPOL para proceder con su localización y captura, también se dispuso la enajenación de sus bienes por $86.240, cuyo valor fue del costo de los ejemplares de la Ley de Comunicación “adulterada”.

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