Comisión de Fiscalización aprueba informe para juicio político a exministra Verónica Espinosa


Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que se enviará al Pleno de la Asamblea Nacional para el juicio político contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Esto se da tras la denuncia presentada por la legisladora Mae Montaño por supuesto incumplimiento de funciones en la compra de medicamentos e insumos en mal estado, abuso de recursos públicos y presuntos contratos fraudulentos.


En el informe, la Comisión concluye que la exministra, según la Constitución y la Ley, es responsable de la gestión, regulación y control del Sistema Nacional de Salud, incluida la Arcsa.

Sobre el mal manejo de los Kits de pruebas rápidas para la detección del VIH, la mesa indica que se demuestra que hubo un impacto negativo en la sociedad, por cuanto los informes no concluyentes y contradictorios emitidos por la Arcsa, crearon un estado de alarma y de afectación en la población, por lo que se ha dado un manejo inadecuado de esta problemática.


En las conclusiones también se refiere al incumplimiento de la función de controlar y garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Ahí la Comisión ve con preocupación, sobre la aplicación de las políticas de salud en la provincia de Esmeraldas.


En cuanto al paracetamol contaminado Fiscalización no encontró mérito suficiente que sustente un incumplimiento de funciones por parte de Espinosa. Este tema también era parte de la acusación.


La comisión encontró que no se encuentra incumplimiento de funciones de la exministra de Salud, en la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, puesto que no es legalmente su función. Tampoco evidencia cuál es la supuesta función incumplida en la denuncia sobre el gel desinfectante Chemscrub y procesos sancionatorios. Más bien, señala que se puede evidenciar que existió un proceso sancionatorio, que actuó de manera inmediata y que dispuso las medidas adecuadas, respecto de los medicamentos con problemas.


Finalmente, concluye que no se ha evidenciado ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativa, pero sí de carácter político.

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