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Correos revelan manipulación correísta en juicios del 30S


Bajo la custodia de la Fiscalía se encuentran 1 200 correos de las procesadas en el caso “Sobornos 2012 -2016” Pamela Martínez y Laura Terán, que muestran como fueron manipulados los juicios derivados de los hechos del 30S, desde una oficina externa de la Presidenta de la República durante el gobierno de Rafael Correa.


Desde dicha oficina, ubicada al norte de Quito, se instruía a funcionarios afines al gobierno de ese entonces para que se presentaran ante fiscales, secretarios, funcionarios del Consejo de la Judicatura y jueces de la Corte Nacional que llevaban el caso.


Según los documentos que se encuentran judicializados, esto habría ocurrido en al menos 21 casos con el fin de conocer de cerca los procesos y garantizar sentencias a favor del Gobierno.

Precisamente en un cruce de correos del 10 de julio de 2012 un jurista le informa a Pamela Martínez que la fiscal que llevaba el caso e investigaba el supuesto plago del exmandatario se mostró “displicente”.


“Pretendió mofarse cuando me identifiqué que era abogado de la Presidencia y con cierto sarcasmo ofendió la magistratura del señor Presidente. Cuando le requerí el expediente me dio: ¿Y de quién se trata esta investigación? Ah de Rafael Corre. Ante eso respondí: sí, del señor Presidente”.


Seguidamente se lee: “Una vez que se dio cuenta de mi posición, al requerirle el expediente cedió. Pero ella no es la persona correcta para esta investigación”.


Ante esto Martínez le recomienda hablar con el Fiscal General, en ese entonces, Galo Chiriboga, para que algún asesor tome el caso y le sugiere “hacer un seguimiento con la gente del Ministerio del Interior y de Secretaría de Transparencia para que se sienta la presencia”.


Acciones similares se repiten en varios correos sobre diferentes juicios como uno en contra de 13 policías que habrían usado sus radios para llamar a la insurrección, asimismo en el caso de Fidel Araujo y Juan Pablo Bolaños, un estudiante que falleció durante la revuelta policial.


Según la Fiscalía y lo que se muestra en los correos, Martínez ejercía el rol de coordinadora, mientras que abogados se encargaban de hablar con operadores de justicia.

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