“Acción de protección no tiene base jurídica”, afirma Cabezas


Se espera que el próximo primero de abril se realice la audiencia de resolución de acción de protección, presentada por el activista Felipe Ogaz, miembro de la organización "Diabluma", y el abogado Richard González en contra del presidente Lenin Moreno, los 137 asambleístas que integran el Parlamento, incluida su presidenta, Elizabeth Cabezas.


Se suman a la lista de demandados, todos los miembros de la Función de Transparencia y Control Social, miembros del CPCCS-T Julio César Trujillo Vásquez, Luis Macas, Luis Hernández Peñaherrera; Eduardo Mendoza Paladines; Pablo Dávila Jaramillo; Xavier Zavala Egas; y Miryam Félix López.


Por la gravedad de los hechos se llama también a declarar en el caso a las siguientes autoridades nacionales: al contralor Pablo Celi; a los superintendentes de Bancos, Juan Carlos Novoa; al de Compañías: Víctor Manuel Anchundia; al de Control de Poder del Mercado, Danilo Sylva; y al de Ordenamiento Territorial, Fabián Neira Ruiz.


Como parte importante en este llamado, se suman la Ministra Romo, y la concurrencia de la Procuraduría General del Estado, representada por Íñigo Salvador.


Sin embargo, la presidenta del Legislativo Elizabeth Cabeza asegura que esta demanda no procede debido a que no posee base jurídica y “no hay ninguna violación de derechos" debido a que la Asamblea Nacional está actuando en el marco de lo que la Ley dispone.


Este pedido se da debido a que, a principios del mes de marzo, se difundió un audio de una Conversación entre Cabezas y la Ministra del Interior María Paula Romo, llamándola a impedir la investigación de actos de corrupción que involucraría al Ejecutivo.

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